Durante los últimos días, han aumentado las publicaciones en redes sociales de que trabajadores de empresas y dependencias de gobierno son amenazados por jefes para sufragar a favor de alguna coalición o candidato.

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De acuerdo con la Ley General en Materia de Delitos Electorales, en su artículo 7, fracción VII, cuando patrones, sindicatos o gremios presionan a que los trabajadores influyan en el sentido de su voto constituye un delito electoral.

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“Se impondrán de 50 a 100 días multa y prisión de seis meses a tres años a quien solicite votos por paga, promesa de dinero u otra contraprestación, o bien mediante violencia o amenaza, presione a otro a asistir a eventos proselitistas, o a votar o abstenerse de votar por un candidato, partido político o coalición, durante la campaña electoral, el día de la jornada electoral o en los tres días previos a la misma”.

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Ante esta situación, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade) pone a disposición de la ciudadanía los servicios de correo electrónico y número de teléfono para denuncias anónimas.